Sarabia dice que no participó en trámites de residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua
El exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, es señalado de participar en el entramado de corrupción que habría saqueado millonarios recursos de la UNGRD.
Tras conocerse que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Carlo Ramón González, obtuvo la residencia en Nicaragua en medio de su vinculación al escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD), la excanciller Laura Sarabia se pronunció.
Sarabia enfatizó en que no participo ni recibió información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, “circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad”, añadió a través de su cuenta en la red social X.
Según lo revelado, González habría recibido apoyo para ese proceso por parte del Gobierno Nacional, el mismo día que la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por su presunta responsabilidad en ese entramado de corrupción.
“Solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González, toda vez que la misma está para vencer el 14 de junio de 2025”, señala el documento que fue enviado por la Embajada de Colombia en Nicaragua al gobierno de ese país.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y del DNI, por su presunta participación en el entramado de corrupción que habría saqueado millonarios recursos de la UNGRD.
Durante la audiencia que se realizó de manera virtual ante el Tribunal Superior de Bogotá, el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Sandoval, formalizó la imputación por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
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“Usted, señor Carlos Ramón, solicitó a Olmedo de Jesús López Martínez, en ese momento director de la UNGRD, entregar contratos por $60.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, y por $10.000 millones al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle. La finalidad era obtener apoyo a los proyectos de ley del Gobierno en el Congreso”, afirmó el fiscal Sandoval.
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