Proyecto de paz total: sometidos se quedarían con el 12% de sus bienes y habría colonias agrícolas

El Ministerio de Justicia tiene listo el borrador del proyecto de ley que presentará al congreso en los próximos días con el cual busca fortalecer y encauzar la paz total del Gobierno en su recta final. Allí, se haría una modificación expresa al sistema de Justicia y Paz con el fin de ampliar el ámbito de su aplicación a grupos y bandas criminales organizadas.

En dicho proyecto se le abriría la puerta a reincidentes o excluidos previamente de acuerdos de paz previos (por ejemplo, miembros de las disidencias de las Farc o del Clan del Golfo que se apartaron del sistema de Justicia y Paz).

También entrarían allí terceros civiles que hayan apoyado estas estructuras armadas y agentes de estado que hayan trabajado con ellas. Luego de ser individualizados por la Fiscalía, estos contarían con 20 días para informar si se someten al nuevo sistema especial.

El marco de condiciones que tendrán que cumplir quienes deseen hacer parte de la ley de sometimiento incluye la desmovilización por supuesto, la entrega de bienes, armas, liberación de menores reclutados y aporte a la verdad ante el sistema judicial. Según lo que plantea el proyecto de ley, los postulados podrán conservar hasta el 12% de los bienes que entreguen individualmente.

Frente a las penas que se aplicarían a quienes se sometan al sistema de Justicia y Paz ampliado, el borrador del proyecto de ley plantea:

• Penas de 5 a 8 años para dirigentes de los grupos criminales y responsables de graves crímenes de guerra.
• Penas de 2 a 5 años para miembros de los grupos criminales que integraban el grupo pero que no contaban con capacidad de decisión.
• Terminación anticipada de la pena a miembros vinculados al grupo criminal por delitos de mera pertenencia al grupo, como concierto para delinquir y que vayan contra el régimen constitucional (podría entrar rebelión).

Además de lo anteriormente planteado, en el borrador se estima que aquellos miembros de cualquier grupo criminal que lleven más de 5 años detenidos al momento de entrada en vigor de la ley pueden solicitar la libertad condicional. En el caso de los que lleven menos de 5 años condenados serían trasladados a pabellones especiales en zonas de reubicación temporal o llamadas regiones de paz. Asimismo, se podrá buscar la libertad condicional desde el cumplimiento de 2/5 de la pena impuesta.

De acuerdo con la iniciativa, luego del cumplimiento de la pena las personas sometidas y que continúen cumpliendo los requisitos (no delinquir ni volver a las armas nuevamente) podrán recuperar sus derechos políticos, administrativos, económicos y sociales.

¿Cómo funcionaría la aplicación del sistema a los postulados?

De acuerdo con el borrador de decreto se propone la creación de nuevas Salas de Justicia y Paz y juzgados especializados para poder procesar a los miles de integrantes de estas estructuras que se sometan al sistema alternativo. Estos, irían a detención preventiva en zonas de paz o colonias agrícolas, planteando además alternativas para aquellos miembros de comunidades étnicas.

Inicialmente, la Fiscalía tendría la obligación de formular un programa metodológico de investigación de patrones de macrocriminalidad (algo similar a lo que hace la JEP), para luego de ello ir a una audiencia de imposición de medida de aseguramiento (el tiempo transcurrido desde la entrega voluntaria del postulado contará en el cumplimiento de la pena).

Posteriormente se solicitará una audiencia de acusación colectiva dentro de los 24 meses siguientes. Tres meses después como máximo, dicha diligencia tendrá que realizarse y allí los postulados, en conjunto, podrán allanarse a los cargos y acceder al tratamiento diferenciado. De ocurrir lo anterior, se procederá a dictar sentencia colectiva, la cual podrá ser complementada posteriormente.

En el caso de los postulados que colaboren eficazmente con la verdad y la reparación, así como el desmantelamiento de las estructuras criminales en el territorio, podrían obtener beneficios hasta del 60% de rebaja de la pena.

Adicionalmente, y con el objetivo de “garantizar el derecho de las víctimas a la justicia en Colombia” previa solicitud del Gobierno, las autoridades judiciales podrán suspender las órdenes de captura con fines de extradición durante el diálogo y “hasta la extinción de la pena”.

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