JEP exige a la Alcaldía de San Onofre entregar documentos para construir monumento a víctimas
La Sección de Ausencia de Reconocimiento ordenó remitir escrituras, planos y cronograma de obras en cinco días hábiles.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) requirió a la alcaldesa de San Onofre, Marta Cantillo Martínez y al secretario de Gobierno municipal, Juan Carlos Herazo, entregar en un plazo de cinco días hábiles la documentación necesaria para avanzar en la construcción del monumento de memoria a las víctimas de desaparición forzada en la finca El Palmar, en Sucre.
Mediante el Auto SAR-AT-320 del 28 de abril de 2025, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad ordenó la remisión de la escritura pública, el certificado de libertad y tradición del predio, los estudios técnicos y arquitectónicos del proyecto, así como un cronograma detallado del proceso de contratación de la obra.
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Esta medida hace parte del expediente de medidas cautelares MC 002-18, abierto desde 2019 para proteger lugares vinculados con crímenes del conflicto armado en San Onofre.
La decisión responde al incumplimiento reiterado de compromisos adquiridos por las autoridades locales para concretar el monumento, el cual fue concertado con las víctimas desde 2019.
A pesar de haberse definido el diseño y ubicación de la obra, los retrasos en la formalización del predio, así como en los procesos técnicos y presupuestales, han obstaculizado su ejecución.
En marzo de 2023 se logró un acuerdo entre víctimas, administración municipal, Procuraduría y JEP sobre los pasos a seguir para escriturar el terreno, asegurar recursos y avanzar en la contratación.
Sin embargo, la falta de información sobre el cumplimiento de estos compromisos llevó a la Sala Dual de la JEP a reiterar la orden mediante este nuevo auto.
La construcción del monumento, que busca dignificar a las víctimas y promover la memoria histórica, fue ordenada inicialmente en 2019, con base en lo establecido por la Ley 1448 de 2011 y en consulta con las comunidades afectadas.
La JEP ha insistido en que su materialización debe respetar los acuerdos alcanzados con las víctimas.
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