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JEP dicta más de 25 órdenes urgentes para proteger a comunidades indígenas y afro en Cauca y Valle

La Jurisdicción Especial para la Paz adoptó medidas cautelares con enfoque étnico ante el riesgo de exterminio físico y cultural que enfrentan los pueblos acreditados en el Caso 05.

JEP dicta más de 25 órdenes urgentes para proteger a comunidades indígenas y afro en Cauca y Valle

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP decretó más de 25 órdenes urgentes dirigidas a entidades del Estado para proteger la vida, la autonomía y la seguridad de comunidades indígenas y afrocolombianas en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. La decisión se tomó tras constatar una grave crisis de seguridad que amenaza la existencia de los pueblos étnicos participantes del Caso 05, que prioriza hechos de violencia en 19 municipios de la región.

Durante una audiencia pública realizada en Popayán, representantes de las comunidades denunciaron asesinatos, desplazamientos, reclutamiento forzado de menores, confinamientos, amenazas y destrucción cultural, atribuidos a la presencia de múltiples actores armados. También alertaron sobre ataques a su justicia propia, afectaciones a mujeres y retenes ilegales.

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El magistrado Raúl Eduardo Sánchez emitió el Auto 004 de 2025, con el que impuso las medidas y vinculó a ministerios, gobernaciones y otras entidades estatales. Entre las órdenes figuran la entrega de bienes extintos a guardias étnicas, la instalación de sistemas de alerta temprana, la protección de liderazgos en riesgo, y un plan integral de seguridad para Guachené.

Además, se ordenó presentar un proyecto legislativo para regular la jurisdicción afrocolombiana, coordinar acciones entre Fiscalía y autoridades étnicas, y fortalecer programas de prevención del reclutamiento infantil, como ‘Atrapasueños’ del ICBF.

También se contemplan acciones para mejorar acceso a agua potable, vivienda digna y recuperar prácticas culturales y medicinales ancestrales. El DANE impulsará un sistema autónomo de información afrocolombiana y la SAE deberá priorizar bienes rurales para proyectos comunitarios.

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