Héctor Carvajal remite las demandas contra la consulta popular al Consejo de Estado

El magistrado de la Corte Constitucional, Héctor Carvajal, remitió todas las demandas que han llegado contra el decreto de la consulta popular del gobierno, al Consejo de Estado, al considerar que la Corte no es competente para pronunciarse sobre las mismas.

Para Carvajal, "ni la Constitución Nacional ni la ley señalan que el decreto de convocatoria tenga fuerza y rango de ley; de modo que, no activa la competencia de esta Corporación" se lee.

Bajo dicho criterio, para el magistrado Carvajal el Consejo de Estado "deberá estudiar si la aplicación de excepción de inconstitucionalidad procedería con un acto administrativo de contenido no normativo, como sería el concepto desfavorable del Senado frente una consulta popular“, siendo de su resorte y no de la Corte Constitucional.

Adicionalmente, el magistrado Carvajal enfatizó en que el decreto ya se encuentra derogado. Por ende, el control constitucional competencia de la Corporación sólo procede cuando una norma esté vigente.

“En otras palabras, la derogatoria impide, desde todo punto de vista, que la Corte Constitucional pueda ejercer control sobre la norma, y por tanto, carece de competencia para adelantarlo” se lee.

Tal interpretación riñe con otro proceso paralelo, el que está en el despacho del magistrado Jorge Ibáñez, quien recibió el control automático tras la remisión del decreto desde el gobierno. Para Ibáñez sí procede un pronunciamiento sobre el acto administrativo, así haya sido derogado y por ende avocó conocimiento.

Así entonces se presentan dos corrientes diversas dentro de la misma Corte Constitucional frente a la interpretación del control del alto tribunal sobre el decreto.

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