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Consejo Superior de Política Criminal respaldó el proyecto de paz total del Gobierno Petro

La iniciativa logró concepto favorable tras acordarse más de 20 modificaciones al texto que se conocerán en las próximas horas.

Consejo Superior de Política Criminal respaldó el proyecto de paz total del Gobierno Petro

La W conoció en primicia que el Consejo Superior de Política Criminal, en sesión de este viernes 18 de julio, emitió concepto favorable al polémico proyecto de ley del Gobierno desarrollado por el Ministerio de Justicia, que representa el marco jurídico a proponer para las negociaciones con las bandas criminales en el marco de la “paz total”.

De acuerdo con lo conocido por W Radio, el Consejo respaldó el proyecto de ley con nueve votos favorables (entre ellos el del propio ministro Montealegre, el director del INPEC, el director de la USPEC, la directora del ICBF, entre otros integrantes del Consejo Superior) siendo el mínimo decisorio que le alcanzaba al ejecutivo para lograr el apoyo de dicha instancia.

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En cambio, presentaron voto desfavorable a la iniciativa de “paz total” en los términos en los que la quiere ejecutar el Gobierno la defensora del Pueblo, Iris Marín, la Justicia Penal Militar, y la senadora Paloma Valencia, quien estuvo en la reunión.

Además, la iniciativa tampoco tuvo el respaldo de la presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Myriam Ávila Roldán, quien emitió voto desfavorable.

Aunque al comienzo de la reunión el ministerio de Justicia recibió varias observaciones por cuenta de distintos “vacíos” y preocupaciones que había sobre el contenido del proyecto, y parecía que no alcanzaban los votos, posteriormente durante la deliberación el ministro Montealegre ofreció 23 cambios al proyecto de ley en los cuales hubo acuerdo, por ende se destrabó la discusión.

Así entonces con el aval del Consejo, que representa más un “espaldarazo” que otra cosa, debido a que su concepto no es vinculante, el ministerio se apresta a presentar el proyecto de ley ante el Congreso de la República el 20 de julio, fecha que fue confirmada por el propio ministro Eduardo Montealegre durante la sesión.

LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO QUE SE ACORDARON:

En total, tras recibir distintas observaciones frente a varios puntos sensibles que generan aún serias dudas, el ministro Montealegre acordó con los presentes la introducción de 23 modificaciones al texto del proyecto de ley de “paz total” antes de su presentación al congreso el 20 de julio.

W Radio conoció que dentro de los asuntos que serán modificados o ampliados se encuentran por ejemplo la exigencia de desarme necesario, así como un trato especial y específico a los niños y adolescentes integrantes de estas estructuras realizando un monitoreo sobre los mismos.

Por otra parte y ante las serias dudas de varios de los asistentes, el ministro se comprometió a precisar más detalladamente las situaciones y condiciones de reclusión de los postulados, así como a agregar puntos que permitan consultar a las víctimas sobre su punto de vista y que sean escuchadas, dentro de los trámites de aprobación del proyecto en el Congreso de la República. 

Al mismo tiempo se deberá desarrollar el concepto de la “colaboración eficaz” para precisar sus alcances y aplicación y especialmente los parámetros de mínimos y máximos en materia de beneficios carcelarios, los cuales por colaboración quedarían de entre el 40 a 60% de la pena y en los casos de postulados por disturbios en protestas hasta el 70%. 

También se tendrá que regular mejor en el texto la entrega de armas y precisar y mejorar los estándares de verdad que deben aportar los postulados, los cuales son mencionados allí en el proyecto. Debido a la preocupación de congresistas que alertaron por una eventual interferencia de grupos criminales en las elecciones al verse interesados en favor de este proyecto, el ministro Montealegre se comprometió a agregar un artículo que prohíbe la interferencia en los comicios por parte de los grupos delincuenciales potenciales postulables.

Por último, dentro de lo acordado, la Fiscalía General de la Nación deberá encargarse de corroborar la información que entregue la Oficina del Alto Consejero Comisionado de Paz sobre los postulados al momento en que entreguen las armas.

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