Consejo de Estado salva la investidura de Miguel Polo Polo en una polémica decisión
En un fallo de profunda discusión interna, el alto tribunal consideró que la presunta exigencia de dinero a los miembros de su UTL aunque podría tener un alcance delictual, no se puede encuadrar en indebida destinación de recursos públicos.
La Sala Plena del Consejo de Estado rechazó las pretensiones de la demanda de pérdida de investidura o “muerte política” en contra del representante Miguel Polo Polo, la cual había sido elevada por el abogado Alí Bantú Ashanti por unas grabaciones donde presuntamente se hablaría de retención de parte del dinero de los sueldos de miembros de la UTL del congresista.
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Aunque la Sala en posición mayoritaria consideró que la presunta conducta de Miguel Polo Polo, la cual se circunscribiría al parecer a pedirle 4.5 millones de pesos mensuales a Dayi Marlen Sedano y 1.5 a Carlos Reinel Merchán era investigable penal y disciplinariamente, no ocurría lo mismo en el marco de las causales de pérdida de investidura, especialmente en lo que atañe a la indebida destinación de recursos públicos.
En criterio de los magistrados, en el momento en que los dineros salen de las arcas del Estado e ingresan a los bolsillos de los funcionarios convirtiéndose en patrimonio monetario dejan de ser recursos públicos, por lo que los destinatarios pueden hacer con ello lo que consideren, por ende no hay lugar a decretar la muerte política de Miguel Polo Polo.
“La Sala no pone en tela de juicio que exigir a los miembros de la UTL parte de su salario constituya una conducta a todas luces reprochable que no sólo quebranta el derecho del trabajador a decidir cómo y cuándo administra la contraprestación de su servicio (...) Sin embargo, no es posible sancionarla por vía del artículo de la Constitución porque no se cumple con los supuestos de que se trate de dineros públicos y que hayan sido indebida e indirectamente destinados por el congresista”, concluyó el Consejo de Estado.
Además agregaron que, según su juicio, ese presunto proceder irregular del congresista Polo Polo sí podría ser objeto de investigación penal en la Corte Suprema (donde fue denunciado) y en la Procuraduría.
“Aunque podría ser una conducta reprochable y eventualmente sancionable en el ámbito disciplinario y penal, no se ventila para aquella la existencia de dineros públicos, en tanto los salarios, aunque hacen parte del presupuesto general de la Nación y, por consiguiente, de los gastos de funcionamiento, al ingresar al pecunio del trabajador pierde dicha naturaleza”, argumentó el Consejo de Estado.
La decisión contó con cinco salvamentos de voto, es decir en contra de la tesis impuesta, los cuales fueron depositados por el presidente del alto tribunal Luis Alberto Álvarez, y los consejeros Juan Camilo Morales, Adriana Polidura Castillo, Jorge Edison Portocarrero y José Roberto Sáchica Méndez, quienes no estuvieron de acuerdo con la decisión que confirmó la investidura de Polo Polo.
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